Temáticas

• 1. Democracia: crecimiento, retroceso, reparación y reactivación.
• 2. Estado de derecho: los tribunales como defensores o reformadores del constitucionalismo.
• 3. Los derechos humanos en la realidad: acceso e implementación.
• 4. Deberes humanos en un mundo centrado en el ser humano: constitucionalismo y actores privados. Deberes humanos en un mundo centrado en el ser humano: constitucionalismo y actores privados.

Durante las últimas décadas, el pesimismo ha llevado a académicos y profesionales a plantear preguntas profundas sobre la democracia liberal en un momento en que atraviesa una crisis mundial (de ahí términos como “erosión democrática”, “retroceso”, “democracias iliberales”). Sin embargo, en los últimos años, también ha habido avances optimistas. Brasil, el estado más grande de América del Sur (el continente donde se llevará a cabo la Convención Mundial de la IACL), ha presenciado una destitución pacífica y democrática de un líder que representaba una grave amenaza para la democracia brasileña. Se han producido acontecimientos similares en Polonia y otros estados. En Guatemala, después de una dura resistencia institucional, el ganador de las elecciones presidenciales Bernardo Arévalo asumió el poder en enero de 2024. Las condiciones para la “reparación democrática” (que enfatiza las reformas constitucionales de corto a mediano plazo) y el “renacimiento democrático” (que destaca los remedios a largo plazo para varios déficits democráticos) son un terreno fértil para los debates constitucionales relacionados con el diseño institucional para fomentar un constitucionalismo sostenible.

Los debates sobre constituciones sostenibles reactivan los debates sobre el papel de los tribunales en los sistemas democráticos. Sin embargo, los tribunales pueden recibir críticas, por ejemplo, de que son un poder contramayoritario, que intenta resolver problemas políticos sin ninguna legitimidad política. La mayoría de los tribunales constitucionales están en constante interacción con otros tipos de tribunales, como los tribunales internacionales de derechos humanos, los paneles de arbitraje, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Los tribunales supremos, con la cooperación de los tribunales internacionales y regionales, han hecho importantes contribuciones al desarrollo del estado de derecho en las últimas tres décadas. Al mismo tiempo, algunos tribunales enfrentan desafíos para mantener la independencia judicial, defender los valores democráticos y garantizar la aplicación efectiva de sus decisiones. Abordar estos desafíos será crucial para salvaguardar el estado de derecho y promover la justicia y la rendición de cuentas en los próximos años.

Si bien las leyes y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos han logrado importantes avances en la promoción y protección de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, siguen enfrentándose a desafíos para garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los Estados, abordar las reacciones negativas contra los derechos humanos, obtener recursos adecuados, hacer cumplir las sentencias y abordar cuestiones emergentes en materia de derechos humanos. Además, las crisis como las pandemias, las emergencias financieras, los conflictos armados, el cambio climático y el creciente poder de la inteligencia artificial crean desafíos adicionales para el disfrute de los derechos humanos.

Los conflictos armados y las situaciones de postconflicto también son desafíos que deben ser abordados desde el punto de vista del derecho constitucional. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y la guerra entre Israel y Hamás, por mencionar sólo dos ejemplos, plantean interrogantes sobre el papel del derecho constitucional y su relación con el derecho internacional. ¿Qué papel pueden desempeñar el derecho constitucional y el derecho internacional para facilitar y promover procesos de reconstrucción y reconciliación en los que se garanticen los derechos de las víctimas, se gestione la reintegración de los excombatientes y se asegure un proceso de transición adecuado?

El constitucionalismo se ha construido en torno a dos ejes: el control del poder y la garantía de los derechos y libertades del pueblo. Tradicionalmente, la constitución se ha entendido como una ley que obliga únicamente al Estado. Sin embargo, hoy, en el momento más crítico del Antropoceno, es necesario examinar críticamente esta premisa.

En realidad, no es sólo el poder del Estado el que debe ser controlado y mantenido bajo control, sino también el poder del sistema financiero internacional, las empresas transnacionales y los individuos. Los tribunales entienden cada vez más que las constituciones crean obligaciones para los actores privados (efecto horizontal). Algunos gobiernos nacionales legislan para obligar a las empresas nacionales y transnacionales a respetar los derechos humanos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En ambos sentidos, el constitucionalismo sostenible debe abordar a las entidades privadas y puede tener que considerar los deberes humanos además de los derechos.