Coordinadores:

• Vasco Pereira da Silva vasco@fd.lisboa.ucp.pt
• Jörn Axel Kämmerer axel.kaemmerer@law-school.de

SPEAKERS

Aikaterini	Iliadou
German Alfonso	LOPEZ DAZA
MARCOS AUGUSTO	PEREZ
Miroslaw	Granat
Mónica Liliana	Ibagón-Ibagón
Antonio	de la Haza Barrantes

La defensa del estado de derecho frente a las disputas judiciales es un asunto, y un desafío, no solo para los tribunales. Se han llevado a cabo múltiples análisis sobre la creciente presión que recae sobre los tribunales y las medidas que se han adoptado, o deberían adoptarse, para hacer que el poder judicial sea más resiliente y salvaguardar su independencia. Esto es especialmente cierto para los tribunales constitucionales y supremos, que corren el peligro de convertirse en marionetas de la política de poder. Por lo tanto, algunos Estados han tomado medidas para proteger a estos tribunales contra influencias indebidas. Sin embargo, cuando los tribunales inferiores han sido atacados por la política, órganos administrativos o campañas, la administración de justicia también puede verse en graves aprietos. Aun así, proteger a los jueces no es suficiente para garantizar un acceso justo a la justicia, el debido proceso y el respeto por el estado de derecho, que también dependen del grado de libertad otorgado a otros actores: litigantes, autoridades, especialmente donde el procedimiento administrativo precede al judicial, y, por último pero no menos importante, los abogados. El papel de la abogacía, que algunos ordenamientos jurídicos reconocen como una institución para la administración de justicia, parece estar subestimado en los análisis comparativos sobre la evolución del estado de derecho y los peligros que lo acechan. La interferencia con ella puede provenir de los gobiernos —por ejemplo, cuando sancionan a los abogados por representar a alguien en los tribunales o por no hacerlo (o no hacerlo de forma gratuita) para el gobierno—, pero los peligros también pueden acechar en la proliferación excesiva de deberes profesionales impuestos (real o supuestamente) en aras del interés público, por ejemplo, las normas anticorrupción o contra el lavado de dinero, y, en los inversores de capital que, si se da crédito a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podrían socavar la independencia de la profesión legal.