Coordinadores:

• Natalia Castro Niño – castro.nato@gmail.com
• Juan Sebastián Villamil Rodríguez – juansevillamil@gmail.com
• Silvia Romboli – silvia.romboli@esade.edu
• Liliana Ávila – lavila@aida-americas.org
• Ángela Aday Jiménez – angeladj@ucm.es

SPEAKERS

Ángel	Aday
Daniel	Cerqueira
Edward	Pérez
Jose Miguel	Camacho Castro
Liliana	Ávila
Lina	Muñoz Avila

La emergencia climática constituye un desafío decisivo para las democracias constitucionales y para la protección integral de los derechos humanos constitucionales. El aumento de las temperaturas del planeta, impulsado por la actividad industrial, ya está produciendo consecuencias visibles y trágicas para la vida en la Tierra, como el aumento del nivel del mar, con daños futuros incalculables si no se toman medidas decisivas.

Alrededor del mundo, las cortes están siendo llamadas a proporcionar respuestas institucionales al deterioro climático, con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos adversos de este fenómeno sobre los derechos fundamentales. Recientes opiniones consultivas sobre el cambio climático emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ilustran cómo los órganos judiciales internacionales están dando forma a un marco legal emergente sobre las obligaciones climáticas de los Estados.

Este taller invita a presentar trabajos que analicen cómo estos y otros recursos judiciales, así como los mecanismos de participación pública y privada, se están utilizando para enfrentar la crisis climática y fortalecer el constitucionalismo sostenible.

Recibimos análisis sobre cómo las cortes constitucionales e internacionales están desplegando herramientas innovadoras —como sentencias estructurales, opiniones consultivas y jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza— para reforzar la justicia ambiental y climática tanto en el derecho internacional como en el derecho constitucional comparado. También alentamos trabajos que exploren el papel central de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, así como las responsabilidades de los actores empresariales en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.