Coordinadores:

• Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán andresm.gutierrez@uexternado.edu.co
• Silvia Haydee Sánchez Gómez silvia.sanchez@uarm.pe
• Juan Manuel Sosa Sacio jsosas1@unmsm.edu.pe

SPEAKERS

Franco Matias

Jaimes Soto

Diana Esther	Guzmán R.
Edward	Pérez
Ernesto	Deza
Farith	Pérez Quintero
Italo M.	Forttini Aguilar
LAURA	OSPINA-MEJIA
Silvia	Sánchez

Uno de los principales desafíos que enfrenta el constitucionalismo se refiere a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos fundamentales, que requieren el diseño y la implementación de políticas públicas para su resolución. En algunas jurisdicciones, este fenómeno ha sido denominado «Estado de Cosas Inconstitucional». En un contexto de normalidad institucional, los marcos democráticos encomiendan a las autoridades representativas la responsabilidad de abordar estos problemas. Sin embargo, en ocasiones estas autoridades son incapaces de alcanzar el objetivo encomendado, lo que lleva a los tribunales a involucrarse en la resolución de estas disputas. Su intervención busca asegurar la protección de los derechos vulnerados. Para cumplir con esta tarea, los tribunales han recurrido a las llamadas sentencias estructurales, es decir, decisiones que identifican violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos fundamentales y ordenan el diseño y la implementación de políticas públicas como remedio para abordar la situación de vulneración de derechos. La complejidad de estas decisiones a menudo dificulta que se ejecuten de acuerdo con sus términos o dentro de los plazos establecidos. Así, surge otro desafío en torno al proceso de implementación y los efectos de las decisiones estructurales.

Ha surgido un debate en torno a si estas sentencias son compatibles con el orden democrático. Quienes las consideran compatibles argumentan que, a través de tales fallos, los tribunales asumen la responsabilidad de proteger un valioso elemento democrático: el deber de salvaguardar los derechos fundamentales. Por el contrario, los críticos ven este fenómeno como una grave amenaza a la clásica separación de poderes y, por lo tanto, lo rechazan. Una tercera perspectiva sostiene que es apropiado incorporar mecanismos democráticos —como una mayor deliberación— en los procesos estructurales de los tribunales. Lo que está claro es que las sentencias estructurales son un fenómeno cada vez más común en diferentes regiones y niveles, tanto nacionales como supracionales.