Coordinadores:

• Elena Alvites Alvites – ealvites@pucp.edu.pe
• Mônia Hennig – moniah@unisc.br
• Jorge León Vásquez – jorge.leon@pucp.edu.pe
• Julia Romero Herrera – jromeroh@pucp.edu.pe

América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, y esta realidad se refleja en el acceso y cumplimiento limitado de servicios directamente vinculados a los derechos sociales fundamentales, tales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación e incluso el “nuevo derecho” al cuidado. Estos derechos son especialmente importantes para reducir la desigualdad estructural y proteger a grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Esta situación de desigualdad persiste a pesar de que la mayoría de las constituciones latinoamericanas definen al Estado como un Estado social y democrático de derecho, y han reconocido expresamente los derechos sociales como derechos fundamentales. Es innegable que dicho reconocimiento normativo ha permitido a diversas cortes y tribunales constitucionales cumplir su papel protector en casos concretos relativos a estos derechos. A través de sus sentencias —incluyendo decisiones estructurales y dialógicas— han fortalecido el constitucionalismo social latinoamericano, cuyo primer hito fue la Constitución de Querétaro de 1917 y que hoy se enmarca como un constitucionalismo inclusivo y transformador.